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España a la cabeza de Europa en cuanto a expedientes abiertos medioambientales
La Comisión Europea (CE) a lo largo del año se encarga de abrir o cerrar expedientes contra los Estados miembros sobre la normativa ambiental. Se cerró el año 2021 con 24 expedientes abiertos medioambientales contra España, seis menos que el año anterior. Si España persiste en el incumplimiento de la directiva, la Comisión Europea llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La Comisión promoverá el interés general de la Unión Europea y tomará las iniciativas adecuadas con este fin. Velará por que se apliquen los Tratados y las medidas adoptadas por las instituciones en virtud de éstos. Supervisará la aplicación del Derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Plásticos de un solo uso
España tiene un expediente abierto medioambiental desde enero sobre la directiva 2019/904, en relación a los plásticos de un solo uso. Se prohíbe la venta de una serie de productos como bastoncillos para los oídos, cubiertos, platos y pajitas para beber (todos los productos hechos de plástico oxo-degradable).
La presente Directiva fomenta los planteamientos circulares que dan prioridad a los productos reutilizables, sostenibles y no tóxicos y a los sistemas de reutilización frente a los productos de un único uso, con el objetivo primordial de reducir la cantidad de residuos generados (…) alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (…) para garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, que forma parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (…).
España aún no ha aprobado la Ley de Residuos, que permitirá la aplicación de esta medida. Esta ley incluye dos nuevos impuestos para incentivar el reciclaje y reducir los envases de plástico.
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Contaminación acústica
España tiene otro expediente abierto medioambiental sobre la contaminación acústica de Madrid. La contaminación acústica proviene de la acumulación de dióxido de nitrógeno en el aire. Este gas se origina en su mayoría por la combustión de los vehículos.
La ciudad de Madrid lleva desde 2010 incumpliendo la Ley 34/2007 (calidad del aire y protección de la atmósfera).
Esta ley tiene por objeto establecer las bases en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica con el fin de evitar y, cuando esto no sea posible, aminorar los daños que de ésta puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza.
El proyecto Madrid 360 comprende la creación de zonas de bajas emisiones (ZBE) para mejorar la protección ambiental en 21 distritos de Madrid (donde los problemas de contaminación son más acentuados). Combina la lucha contra el cambio climático al mismo tiempo que impulsa la transición hacia sistemas de climatización eficientes, el fomento del transporte público, la renovación de flotas, la integración de todos los medios de transporte y el refuerzo de la seguridad vial.
Madrid 360 contempla la declaración de toda la ciudad como Zona de Bajas Emisiones de manera gradual hasta 2025. El objetivo de este proyecto es convertir Madrid en una ciudad sostenible con un aire más limpio para todos.
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